
El Presupuesto General del Estado (PGE) 2027 podría entrar en vigencia sin una aprobación expresa de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), debido al reducido tiempo que queda para su tratamiento. El proyecto del PGE fue presentado por el Ejecutivo el 30 de octubre, pero aún no se agenda su tratamiento en la comisión respectiva.
“La comisión se instalaría la próxima semana y convocaría a tratar el presupuesto por lo menos hasta la primera semana de diciembre, porque hay que estudiarlo y si sale en la primera semana de diciembre, ¿cuándo va a llegar a la Cámara de Senadores?”, señaló el diputado de Libre José Luis Porcel, miembro de la comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas.
Asimismo, el legislador advirtió que el proyecto del PGE 2027 tiene observaciones relacionadas con su dependencia del financiamiento externo y la sostenibilidad de la deuda, por lo que considera necesario que el Ministerio de Economía presente información sobre el comportamiento de la economía antes de avanzar con su aprobación.
La preocupación por el tiempo disponible también fue expresada por la diputada del PDC Sandra Rivero, exintegrante de la Comisión de Planificación, quien considera que las demoras en la conformación de las instancias legislativas redujeron las posibilidades de que el proyecto sea tratado antes del receso de fin de año estimado antes del 20 de diciembre.
“Yo tengo mis serias dudas si en este año 2026 se va a aprobar algún tipo de presupuesto, no lo creo, y si ese es el caso, estaríamos incurriendo por segunda vez en esta gestión de este nuevo Gobierno, por segunda vez arrancar con un año 2027 sin presupuesto aprobado”, advirtió.
Rivero recordó que durante el tratamiento del presupuesto reformulado de 2026 también surgieron cuestionamientos por la falta de información desglosada sobre las asignaciones a sectores como educación y salud. Según explicó, inicialmente no se conocía con claridad qué proporción de los recursos estaba destinada a salarios, infraestructura o tecnología.
Otros legisladores de oposición también observaron que se continúe destinando asignación de recursos a empresas públicas deficitarias. “Hemos observado que hay financiamiento para las empresas públicas deficitarias cosa que no vamos a permitir, no le vamos a permitir al gobierno que los pocos recursos que tenemos sigan financiando cargos públicos en las empresas deficitarias”, manifestó el senador Abdon Porcel.
Para el economista Germán Molina, el reducido tiempo que advierten algunos legisladores no representa necesariamente un impedimento técnico para analizar el proyecto, ya que el trabajo de la comisión podría resolverse en un periodo relativamente corto. El principal factor, a su juicio, es la existencia de acuerdos políticos entre las bancadas para viabilizar su tratamiento.
Asimismo recordó que las normas establecen que la Asamblea Legislativa debe considerar el proyecto del PGE dentro de los 60 días de su presentación. Si no es aprobado en ese periodo, el proyecto se da por aprobado y posteriormente la norma se publica en la Gaceta Oficial de Bolivia mediante un Decreto Supremo.
“Se requiere que haya consenso, obviamente, de carácter político de las bancadas, para que esto se trate de esa manera por tiempo materia, eso es lo importante”, apuntó Molina.
Asimismo, el economista subrayó que el tratamiento del presupuesto 2027 también está relacionado con los compromisos asumidos por Bolivia ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), particularmente con las metas de déficit fiscal y las condiciones vinculadas al segundo desembolso de recursos.
Más allá de las diferencias políticas y del procedimiento legislativo, el PGE 2027 constituye la principal hoja de ruta financiera del sector público para la siguiente gestión. Como ley financiera, establece las previsiones de ingresos y gastos del Estado, las asignaciones para las instituciones públicas y las prioridades de inversión y financiamiento del Gobierno.
El PGE 2027 presentado por el Gobierno contempla un presupuesto consolidado de Bs 335.140 millones y un agregado de Bs 411.244 millones.
Entre sus principales indicadores macroeconómicos proyecta una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) del 1,5%, una inflación del 10,7% y un déficit fiscal equivalente al 6,7% del PIB.
Asimismo, considera un tipo de cambio aproximado de Bs 12 por dólar y un precio del petróleo WTI de $us 68,87 por barril.



























