El aguinaldo 2026 debe cancelarse hasta el 20 de diciembre

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El Ministerio de Trabajo estableció que el pago del Aguinaldo de Navidad correspondiente a la gestión 2026 deberá realizarse como máximo hasta el domingo 20 de diciembre, tanto en el sector público como en el privado. La determinación fue oficializada mediante un instructivo emitido el 18 de noviembre.

La normativa recuerda a todas las empresas, instituciones y establecimientos, con o sin fines de lucro, la obligatoriedad de cumplir con este beneficio para el personal comprendido bajo el régimen de la Ley General del Trabajo, así como para los servidores públicos que gozan de este derecho según las normas del servicio civil.

Uno de los puntos centrales de la disposición advierte que el incumplimiento del plazo establecido en el sector privado dará lugar al pago doble del beneficio, en estricta aplicación del artículo 2 de la Ley del 18 de diciembre de 1944.

Para los trabajadores del sector privado, la base de cálculo será el promedio del total ganado durante los últimos tres meses anteriores al pago, o los tres meses previos a la extinción de la relación laboral en caso de desvinculación anticipada.

Dentro de este cálculo se contemplan salario básico y bono de antigüedad, comisiones y horas extraordinarias, recargos por trabajo nocturno, feriados y domingos trabajados y otros conceptos percibidos de carácter permanente, regular y continuo.

El instructivo precisa que el aguinaldo equivale a un mes de sueldo para los empleados y a 25 días de salario para los obreros. Aquellos trabajadores que no hubieran cumplido el año completo de servicio, pero reúnan los requisitos de ley, percibirán el beneficio de manera proporcional por duodécimas.

La cartera de Estado fijó como fecha límite el miércoles 30 de diciembre de 2026 para que tanto empleadores privados como entidades públicas presenten sus respectivas planillas de pago a través de la Oficina Virtual de Trámites (OVT).

Asimismo, se reiteró que este beneficio debe abonarse íntegramente en dinero y no es susceptible de embargo judicial, retención, descuento, compensación ni transacción de ninguna naturaleza.

Finalmente, las direcciones generales de Trabajo, Higiene y Seguridad Ocupacional y de Servicio Civil, en coordinación con las jefaturas departamentales y regionales, estarán a cargo de supervisar el cumplimiento de la medida y procesar las denuncias por eventuales infracciones.