El pasado 27 de mayo, en una de las reuniones más anunciadas para tratar de acercar posiciones entre el gobierno y los movilizados, es decir, el “gabinete económico y social”, el presidente Rodrigo Paz Pereira “sorprendió” al criticar el rol de la banca y anunciar que su gobierno impulsaría una reforma del sistema financiero boliviano, con especial énfasis en el funcionamiento de los bancos. En un país atravesado por una prolongada escasez de divisas, inflación creciente, dificultades para importar combustibles y una desaceleración económica cada vez más visible, la declaración parecía anticipar uno de los debates más sensibles del momento: cuál debe ser el papel del sistema bancario en una economía en crisis y de dinamismos anticuados como la nacional.
Sin embargo, tres semanas después, la reforma desapareció del debate público. No hubo proyecto de ley, no se conocieron lineamientos técnicos, ni se volvió a mencionar el tema en ninguna comparecencia oficial, mientras que la devaluación encubierta – como catalogan al hecho analistas como Gonzalo Chávez o Juan Carlos Pereira – ha “permitido” ya establecer todas las operaciones internas en base al “dólar referencial” – que se sostiene sobre los 10 bolivianos – frente al dólar oficial, que se sigue cotizando a 6,96
Hasta ahora, las únicas medidas concretas adoptadas por el Ejecutivo han ido en otra dirección: planes de reprogramación de créditos para pequeños productores, alivios parciales para sectores golpeados por la falta de liquidez y acuerdos puntuales con entidades financieras para evitar un deterioro mayor de la cartera productiva. En general, señala la analista Edith Gálvez, son mecanismos que le permiten a la banca “camuflar” su mora operativa y no “sufrir” penalizaciones entre las agencias de calificación y otras agencias que le dificultaran acceder a fondos, como podría ser el caso de la Gestora Pública de Pensiones.
La pregunta es inevitable: ¿qué ocurrió con la gran reforma prometida?
El año en que los bancos hicieron historia
La pregunta resulta todavía más relevante si se observa el desempeño reciente del sector financiero. Según datos publicados por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), durante 2025 —precisamente el año más crítico de la crisis cambiaria— los bancos bolivianos registraron utilidades conjuntas superiores a 540 millones de dólares, un crecimiento del 42,3% respecto a la gestión anterior y un récord en la historia económica y bancaria de Bolivia.
La cifra no solo constituye esos récords: revela una paradoja difícil de ignorar. Mientras empresas productivas enfrentaban dificultades para acceder a dólares, importar insumos o simplemente sostener operaciones básicas, el sistema bancario encontró mecanismos para multiplicar rentabilidad.
Buena parte de esas ganancias, recuerda Gálvez, provinieron del arbitraje cambiario generado por la brecha entre el tipo de cambio oficial administrado por el Banco Central de Bolivia y el valor real del dólar en mercados paralelos. En otras palabras, la crisis que debilitó a miles de actores económicos se convirtió simultáneamente en una oportunidad extraordinaria de rentabilidad para el sector financiero. La “legalización de facto” del dólar referencial ha blanqueado estas ganancias sin causar otro efecto.
El problema de fondo: bancos desconectados de la economía real
La crítica más frecuente hacia el sistema financiero boliviano no apunta solamente a las ganancias obtenidas en un momento excepcional, sino a una cuestión más estructural: la creciente desconexión entre la banca y la economía productiva.
Durante años, Bolivia construyó un sistema bancario altamente rentable basado en consumo, microcrédito y servicios financieros de corto plazo. Pero ese modelo muestra limitaciones evidentes cuando la economía necesita inversión productiva de largo aliento.
La reciente decisión gubernamental de impulsar nuevas reprogramaciones crediticias para pequeños productores refleja precisamente esa fragilidad. Miles de unidades productivas no están pudiendo cumplir obligaciones financieras en un entorno de inflación, caída de consumo y aumento generalizado de costos.
Paradójicamente, mientras productores negocian plazos para sobrevivir, el sistema financiero continúa mostrando balances extraordinarios.
El debate que Paz abrió… y dejó inconcluso
Cuando Rodrigo Paz habló de reformar la banca, varios analistas interpretaron que el gobierno evaluaba modificar aspectos centrales del sistema financiero heredado de la última década.
Entre las posibles reformas discutidas informalmente dentro del sector económico aparecen al menos cinco debates pendientes.
El primero tiene que ver con revisar el actual esquema de tasas de interés. Bolivia mantiene un sistema fuertemente regulado, donde ciertos sectores productivos acceden a créditos con tasas fijadas por normativa, pero muchos otros segmentos terminan enfrentando costos elevados o de exclusión financiera.
Un segundo debate apunta a la repatriación de capitales y dividendos. Investigaciones periodísticas recientes revelaron que decenas de millones de dólares generados por bancos bolivianos terminan saliendo hacia estructuras corporativas radicadas en Panamá, Bermudas y otras jurisdicciones offshore. Es relevante como las grandes empresas han normalizado esta práctica.
Un tercer eje tiene que ver con la utilización del ahorro previsional. Actualmente una parte sustancial de los fondos administrados por la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo está invertida (prestada) en instrumentos emitidos por entidades financieras privadas en moneda nacional y tasas de interés menores a la inflación, lo que abre cuestionamientos sobre riesgos sistémicos y concentración excesiva, porque además apenas reinvierte en los legítimos propietarios de esos recursos.
Un cuarto debate apunta a la competencia. Bolivia mantiene uno de los sistemas bancarios más concentrados de Sudamérica, donde pocas entidades dominan buena parte del mercado crediticio y de depósitos.
Finalmente, algunos economistas plantean revisar el mandato mismo del sistema financiero: pasar de un modelo centrado en rentabilidad bancaria a uno orientado prioritariamente al desarrollo productivo nacional.
Banco Unión, la excepción incómoda
Dentro del sistema existe además un caso que alimenta el debate político: Banco Unión S.A..
A diferencia de la banca privada, sus utilidades no son distribuidas al exterior, sino reinvertidas o transferidas al Tesoro General del Estado. Sus defensores sostienen que demuestra que es posible una banca con función pública más marcada.
Sus críticos, en cambio, advierten riesgos de politización crediticia y uso discrecional del sistema financiero estatal.
Pero incluso quienes cuestionan al banco estatal reconocen que la comparación expone una discusión mayor: quién se beneficia finalmente de las utilidades generadas dentro del sistema financiero boliviano.
Reformar o administrar la crisis
La ausencia de novedades posteriores al anuncio presidencial genera la impresión de que el gobierno retrocedió ante uno de los sectores con mayor capacidad de presión económica.
La historia reciente latinoamericana demuestra que reformar sistemas financieros nunca resulta sencillo. Bancos sólidos son condición indispensable para cualquier economía estable, pero también lo es evitar que esos mismos bancos funcionen completamente desligados de las necesidades productivas nacionales.
Por ahora, el gobierno parece haber optado por administrar la emergencia antes que abrir una reforma estructural.
Sin embargo, la contradicción sigue ahí.
En medio de la peor crisis económica en décadas, Bolivia enfrenta una imagen incómoda: pequeños productores renegociando créditos para sobrevivir, familias haciendo filas frente a cajeros sin efectivo… y un sistema bancario que registra las mayores utilidades de toda su historia.
Rodrigo Paz abrió una puerta al anunciar cambios profundos.
La incógnita es si realmente piensa cruzarla.
La mora “oficial” en abril era del 2,9%
Pese al complejo escenario económico que atraviesa Bolivia, el sistema financiero muestra relativa estabilidad, al menos en uno de sus termómetros más sensibles: la cartera en mora. Según el último reporte de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), a abril de 2026 la mora del conjunto del sistema alcanzó los 6.682 millones de bolivianos, equivalente al 2,9% del total de créditos otorgados. En cualquier caso, es el doble de la registrada en 2020 y varios analistas señalan que muchas de las normas destinadas a la reprogramación han tenido en realidad una función de “camuflaje”.
La cifra representa una ligera mejora respecto a diciembre de 2025, cuando la cartera en incumplimiento sumaba 6.825 millones y representaba el 3% del total.
Los datos resultan significativos porque reflejan que, pese a la escasez de divisas, la desaceleración económica y las crecientes dificultades de productores y empresas para sostener actividad, el sistema financiero todavía no registra un deterioro acelerado.
Actualmente, los depósitos del público ascienden a 245.208 millones de bolivianos, mientras la cartera total de créditos alcanza 232.613 millones, manteniendo una estructura de liquidez que, por ahora, sigue sosteniendo la estabilidad bancaria en medio de la crisis general de la economía.
Cuando la crisis obligó a reformar la banca: las lecciones que dejan Argentina y Ecuador
Cada vez que una crisis económica profunda golpea a América Latina, tarde o temprano aparece la misma discusión: cuál debe ser el papel del sistema financiero en momentos en que la economía real comienza a deteriorarse. Bolivia parece empezar a entrar en ese debate después de que el presidente Rodrigo Paz Pereira anunciara a finales de mayo una futura reforma bancaria cuyos detalles todavía permanecen en silencio.
No sería la primera vez en la región que una crisis obliga a replantear las reglas del sistema financiero.
Quizás el caso más emblemático sigue siendo Argentina tras el colapso de 2001. Después de años de convertibilidad fija entre el peso y el dólar, el país sufrió una corrida bancaria masiva cuando millones de ciudadanos intentaron retirar simultáneamente sus ahorros. El entonces ministro Domingo Cavallo impuso el recordado “corralito”, limitando retiros bancarios y congelando depósitos. La crisis terminó derrumbando al gobierno de Fernando de la Rúa.
La salida obligó a una reforma completa. Argentina abandonó la convertibilidad, pesificó depósitos originalmente pactados en dólares, impuso controles severos a la salida de capitales y fortaleció el rol regulador del Estado sobre la banca. Durante los años posteriores, los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner consolidaron un sistema financiero mucho más regulado, limitando operaciones especulativas y obligando a una mayor orientación del crédito hacia sectores productivos.
Otro precedente importante ocurrió en Ecuador en 1999. El país enfrentó entonces el llamado “feriado bancario”, probablemente la peor crisis financiera de su historia. El gobierno suspendió durante una semana completa toda actividad bancaria para contener la fuga masiva de depósitos. Más de la mitad del sistema financiero colapsó, miles de familias perdieron sus ahorros y el sucre sufrió una devaluación devastadora.
La respuesta fue radical. Ecuador terminó dolarizando completamente su economía en el año 2000, pero años más tarde, durante el gobierno de Rafael Correa, se impulsó una segunda ola de reformas orientadas a limitar la concentración bancaria. La nueva Constitución de 2008 prohibió que grupos financieros fueran propietarios de medios de comunicación y otras empresas no vinculadas al sector, mientras nuevas regulaciones buscaron reducir conflictos de interés y fortalecer controles sobre transferencias internacionales de capital.
En ambos casos, la lógica fue similar: cuando la crisis expuso desequilibrios entre rentabilidad bancaria y deterioro social, el Estado intervino para redefinir las reglas del juego.
Bolivia parece lejos de escenarios extremos como los vividos por argentinos o ecuatorianos hace dos décadas. Pero la actual combinación de escasez de divisas, presión inflacionaria y creciente tensión sobre el crédito empieza a abrir preguntas parecidas.
La discusión no gira únicamente en torno a cuánto ganan los bancos, sino a qué función deben cumplir cuando el resto de la economía comienza a asfixiarse.
La experiencia latinoamericana deja una lección bastante clara: cuando las crisis se profundizan, tarde o temprano la banca deja de ser solamente un actor económico para convertirse en un asunto político de primer orden.
