El 20 de abril de 2026, el barril de Brent se situó en 103,40 dólares, y hoy supera los 107 dólares tras semanas de extrema volatilidad provocada por el recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio, con picos que superaron los 119 dólares. Para Bolivia, que importa más del 80% del diésel y más de la mitad de la gasolina que consume, el dato es una sentencia. La factura de importación de combustibles ya superó los USD 3.000 millones en 2024, según el BCB. Con el petróleo a 100 dólares, esa factura se dispara.
La Fundación Jubileo estima que el gobierno enfrenta un déficit de más de USD 5.000 millones este año, lo que “dificultará el pago de las importaciones y el cumplimiento de sus obligaciones sin financiación fresca”. Las exportaciones de gas, que en 2013 sumaban USD 6.113 millones, se han desplomado a USD 1.082 millones en 2025. El déficit comercial energético ya era alarmante antes de la escalada de precios. Ahora es sencillamente asfixiante.
Bajo esa luz, la advertencia del presidente interino de YPFB, Sebastián Daroca, no es retórica: si el país no frena la caída de la producción de gas, en cuatro o cinco años podría verse obligado a importar gas natural para su mercado interno.
Litio estratégico
Bolivia posee el 30% de las reservas mundiales de litio y no figura en los acuerdos occidentales de minerales críticos.
En las semanas previas a la presentación de Harvard, el tablero geopolítico de los minerales críticos se movió de manera que afecta directamente al Salar de Uyuni. El 24 de abril de 2026, Estados Unidos y la Unión Europea firmaron un acuerdo para coordinar el suministro de minerales críticos para industrias estratégicas. El secretario Marco Rubio dijo: “La excesiva concentración de estos recursos, el hecho de que estén dominados por uno o dos lugares, supone un riesgo inaceptable”. Washington ya firmó acuerdos similares con Argentina, Perú, Marruecos y Emiratos Árabes. Bolivia —con el 30% de las reservas mundiales de litio— está conspicuamente ausente de esa lista.
Primera: el FMI y Harvard no son solo economía, son geopolítica. El Pilar 3 de Harvard —programa del FMI, apertura a inversión privada occidental— es, en el contexto del 24 de abril de 2026, una invitación tácita a que Bolivia ingrese al bloque occidental de minerales críticos. Aceptar las condiciones del FMI y abrir el litio bajo las reglas que Harvard propone equivale a señalizar a Pekín que Bolivia elige el carril occidental. China procesaría esa señal de inmediato: sus contratos con YLB —CBC y Citic Guoan— están pendientes de ratificación legislativa.
Segunda: el litio boliviano vale más que nunca, exactamente ahora. China controla más del 70% de las tierras raras y minerales estratégicos, amplió su lista de control exportador para incluir ánodos de grafito y baterías de iones de litio, y restringe la entrada de capital estadounidense en sus startups de inteligencia artificial. Si China blinda su sector tecnológico del capital de Washington, también necesita asegurar cadenas de suministro de materia prima fuera de la órbita occidental. El litio boliviano —hoy sin dueño geopolítico consolidado— se convierte en un activo de primer orden.
Tercera: Bolivia es la ficha más codiciada del tablero, pero no está jugando. Argentina, Chile, Perú y Marruecos ya negocian su posición. Bolivia tiene el mineral más buscado del planeta y permanece inmóvil, sin un equipo negociador estable y con cinco presidentes de YPFB en menos de dos años.
¿Existe un camino soberano con petróleo a 100 dólares?
René Martínez, analista de la Fundación Jubileo, advierte: “Mientras más antes se implementen las políticas para resolver la crisis, menos duradera va a ser”. Es cierto, como también lo es que con reservas líquidas de apenas USD 149,6 millones —tras el pago de los eurobonos en marzo— y vencimientos de deuda por USD 2.300 millones en 2026, Bolivia no tiene tiempo para refundaciones que tarden años.
Sin embargo, existen opciones que compran tiempo sin pasar por la devaluación exigida por el FMI: un swap de divisas con China —el mayor acreedor bilateral— y una monetización controlada de reservas de oro, opción que el BCB ya ejecutó en 2025 con 4,94 toneladas vendidas.
Paralelamente, economistas de orientación nacional-popular plantean alternativas estructurales.
La propuesta de Edith Gálvez busca romper el circuito que drena el ahorro nacional. La Gestora Pública administra un fondo de aproximadamente USD 29.823 millones al tipo de cambio BCB (USD 21.443 millones según el valor referencial). Los bancos captan más del 50% mediante depósitos a plazo fijo, prestan ese dinero a tasas más altas y, cuando las empresas emiten bonos en la Bolsa Boliviana de Valores para pagar esos préstamos, el fondo de pensiones compra esos bonos. Las Agencias de Bolsa, las SAFIs y las calificadoras de riesgo están controladas por los mismos bancos cuyos instrumentos colocan. La propuesta es reorientar esa cartera hacia un fondo bursátil soberano —el FBB-14— que agruparía a las catorce principales empresas de capital mayoritariamente boliviano bajo una estructura cotizable en la Bolsa Boliviana de Valores, con auditorías públicas y gobierno corporativo independiente.
Ramiro Moreno Baldivieso, experto en hidrocarburos, plantea la refundación corporativa de YPFB, COMIBOL y YLB: directorios profesionales blindados contra la interferencia política, apertura de hasta el 40% del capital a inversores que aporten tecnología y mercados, y liquidación obligatoria de divisas en el BCB.
Algunos economistas de corte más social plantean la posibilidad de transferir empresas públicas fracasadas a sus trabajadores. Por ejemplo, la propiedad de EASBA, Cartonbol o Papelbol pasaría a cooperativas de trabajadores, como en parte se hizo con algunas iniciativas en los 90, pero con diferentes medidas de apoyo: se constituiría un fondo de salvataje financiado por la banca privada, emisión de bonos y venta de hasta el 30% de las acciones a inversores extranjeros con mandato de transferencia tecnológica y exportación.
En ese contexto, el investigador Justo Zapata ha planteado la refundación y fortalecimiento de la COMIBOL como eje técnico y estratégico del sector, en respuesta a un modelo extractivo que permite la salida de minerales de alto valor sin registro ni tributación. Zapata apunta a dotar a la estatal de un enfoque multidisciplinario, con geólogos, metalurgistas, químicos y economistas capaces de cuantificar y certificar los elementos presentes en los concentrados. El planteamiento se sustenta en un vacío institucional y normativo que hoy impide medir y gravar metales estratégicos como el indio —del cual Bolivia sería el segundo productor mundial—, así como otros recursos críticos (bismuto, tierras raras, cobalto), que actualmente se exportan sin capturar valor fiscal.
En el tablero geopolítico, los expertos visualizan tres jugadas que Bolivia podría hacer. La primera, una “neutralidad litífera activa” al estilo del Golfo: declararse formalmente neutral y subastar litio a ambos bloques con mandatos de transferencia tecnológica diferenciados. La segunda, “litio por infraestructura” con China, condicionando los contratos de CBC y Citic Guoan a la construcción del tramo faltante del Corredor Bioceánico. La tercera, usar el acuerdo EE.UU.-UE del 24 de abril como palanca ante Pekín para obtener mejores condiciones. Las tres comparten el mismo requisito: equipos estables, mandato claro y sin conflictos de interés en las empresas reguladoras.
La historia regional ofrece pocas ilusiones. Argentina firmó un acuerdo con el FMI por USD 44.000 millones en 2018; ocho años después, sigue renegociando. Ecuador firmó un SAF por USD 6.500 millones en 2019; siete años después, la pobreza se ha profundizado. Jamaica, citado como el caso más exitoso, redujo su deuda del 140% al 90% del PIB entre 2013 y 2019, pero lo hizo con un Consejo Nacional de Competitividad que monitoreó el programa durante cuatro gobiernos consecutivos.
Gasolina contaminada, Bolivia, El País
Los informes de Harvard se publican mientras el gobierno de Rodrigo Paz se tambalea. El Decreto Supremo 5503, promulgado en diciembre de 2025, eliminó el subsidio a los combustibles vigente durante más de dos décadas, disparando el precio de la gasolina entre un 40% y un 70% según el tipo. La medida —equivalente, en escala, al “gasolinazo” de Morales en 2010— provocó movilizaciones de la COB y del transporte público que obligaron al gobierno a diseñar un sistema de compensación parcial.
En cinco meses han pasado tres presidentes por YPFB, suman cuatro ministros removidos, ciudades sin combustible, protestas que se multiplican y la Alianza Patria acaba de perder siete de nueve gobernaciones. “La reforma de subsidios que Harvard reclama como pilar fiscal ya fracasó una vez”, recuerda Gálvez.
“El problema no es que haya que reducir el déficit. Eso es obvio”, explica Moreno Baldivieso. “El problema es cómo se reduce, quién paga el costo y qué tipo de Estado emerge del ajuste”.
El espejo de Jamaica: consenso que Bolivia no tiene
Jamaica es citado por el FMI como su caso de ajuste más exitoso en las últimas décadas. Entre 2013 y 2019, redujo su deuda pública de 140% a 90% del PIB y recuperó el crecimiento económico sostenido. Pero lo logró a través de un instrumento que Bolivia no tiene: el Consejo Nacional de Competitividad, un mecanismo de vigilancia multipartidario que monitorizó el cumplimiento del programa y generó el consenso político para sostenerlo durante cuatro gobiernos consecutivos de diferente signo.
Jamaica tenía una deuda más alta, pero una institucionalidad política capaz de sostener un acuerdo de largo aliento. Bolivia lleva cinco presidentes de YPFB en menos de dos años, acaba de perder siete de nueve gobernaciones en las elecciones regionales de abril de 2026, y la Central Obrera Boliviana ha demostrado que puede revertir cualquier medida de ajuste que no esté políticamente blindada.
La historia regional refuerza la cautela. Argentina firmó un acuerdo con el FMI por USD 44.000 millones en 2018; ocho años después, sigue renegociando los términos. Ecuador firmó un Servicio Ampliado por USD 6.500 millones en 2019; siete años después, los índices de pobreza no han mejorado de manera sostenida.
Copiar la receta jamaicana sin copiar su ingrediente activo —el consenso institucional— es el error clásico de la política económica comparada. El Growth Lab propone el menú de Kingston para un comensal en La Paz sin apetito ni mesa común. El resultado más probable no es la estabilización, sino el ajuste en cuotas: periódico, doloroso y reversible.
