
El 80% de 11 mil 300 proyectos públicos en Bolivia, están en riesgo de rescisión de contrato, pese al decreto promulgado por el gobierno para el ajuste de precios en el sector de la construcción.
«Yo creyera que un 80% están en riesgo de rescisión», confirmó el presidente de la Cámara Departamental de la Construcción (Cadeco) Diego Clavijo Ponce al admitir que el decreto promulgado, es insuficiente para solucionar los problemas del sector.
«Es preocupante, el gobierno también está preocupado, por eso saca este tipo de proyectos, pueden caerse las obras», admitió al aclarar que, si una obra cae, no es que va costar menos su conclusión, contrariamente, va costar mucho más.
El gobierno antes de volver a licitar la obra tiene que actualizar el precio y mover todos los mecanismos para volver a la ejecución y no habrá empresa constructora que se presente si no hay seguridad jurídica, advirtió.
El decreto es considerado un parche que soluciona temporalmente las fuertes pérdidas que sufren las empresas, siguió al añadir que ayuda a disminuir las pérdidas, no soluciona todo el problema, se puede actualizar solo precios de materiales y combustible.
«No nos permite actualizar la mano de obra ni el equipo», explicó al indicar que en los precios unitarios tienen tres incidencias consideradas importantes, materiales, mano de obra y equipo, con el decreto solo actualizan materiales y precio del diésel.
«Nos ayuda, pero no nos soluciona», siguió al revelar que trabajan en una nueva ley de contrataciones para la construcción, la idea es trabajar con eso desde el próximo año, «ojalá sea así», pueden moverse dentro las políticas implementadas por el gobierno.
Estas políticas son el libre precio del dólar y del diésel y la gasolina a costo internacional, se anuncia suba de precio en ambos carburantes, seguramente los trabajadores pedirán aumento de salarios y eso no se impedirá con el decreto.
El decreto minimiza pérdidas, pero no soluciona problemas, insistió para agregar que tampoco indica que el gobierno dará más recursos a gobernaciones y alcaldías para acabar sus obras, como no hay soporte y no hay dinero, los proyectos se caerán.
Las pérdidas del sector se estiman en un 60%, con el decreto bajará al 40%, porcentaje insuficiente, las empresas seguirán perdiendo y ellas decidirán seguir o no con el contrato, naturalmente es a riesgo y cuenta propia, admitió.
EN MANOS DE EMPRESAS
Como sector lograron sacar este decreto que ayuda a muchas empresas actualizar sus precios, sostuvo para hacer notar que la decisión ahora está en las empresas constructoras y en los proyectos, que tomen la decisión final de qué hacer.
«Si seguir con los proyectos o hacerse a un lado o rescindir contrato», reconoció el ejecutivo en conferencia de prensa junto a algunos de sus directivos elegidos hace poco. La situación como todo en el país es por demás preocupante.

































