Los bloqueos ya cobran una elevada factura sobre el aparato productivo. Gremiales, transportistas, microempresarios, artesanos e industriales coinciden en que el impacto no será únicamente logístico, sino una crisis de liquidez, caída de ventas, incumplimiento de pagos y riesgo de desempleo, por lo que demandan un plan de emergencia productivo que permita sostener la actividad económica en los siguientes meses.
“Producto de los bloqueos más de 13.000 industrias y más de 150.000 trabajadores del sector industrial están afectados. Más allá de la solución política y social que atraviesa La Paz y Bolivia, se requieren dos planes concretos, uno inmediato coyuntural y otro integral-estructural”, afirmó el presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI), Gonzalo Morales.
Un diferimiento de impuestos, créditos y aportes sociales por al menos 90 días y el pago de servicios por consumo real y no por potencia contratada, son alguno de los pedidos que se repiten entre los operadores del transporte, el comercio minorista, la industria, las microempresas y los pequeños emprendimientos que viven del movimiento diario de la economía y que hoy trabajan al mínimo o dejaron de operar.
La postura de estos sectores apunta a evitar que la crisis se transforme en una ola de quiebras, desempleo y mora bancaria.
Morales señaló que el daño económico más grave alcanza a rubros estratégicos como alimentos, bebidas y farmacéuticos. Indicó que el impacto acumulado tan solo por 25 días de paralización representa una pérdida de $us 428 millones en valor agregado, equivalente a $us 17 millones diarios que dejan de circular por la economía paceña.
La situación también repercute en el crecimiento nacional. La CNI subrayó que si bien el Fondo Monetario Internacional proyectaba una caída del PIB boliviano de -3,3% para 2026, los bloqueos podrían profundizar ese deterioro hasta cerca del -3,8%. A eso se suma la interrupción de exportaciones de minerales, textiles y manufacturas, que dejan de fluir a un ritmo de $ 5 millones por día.
Economía del día a día
Mientras las grandes cifras muestran el tamaño de la afectación, el impacto más visible aparece en los sectores que dependen del ingreso diario. Comerciantes, pequeños negocios y trabajadores independientes comenzaron a reducir operaciones, cerrar temporalmente o endeudarse para intentar sostener sus actividades.
“Ocho de cada diez negocios se cerraron”, alertó Javier Aranda, secretario general de la confederación nacional de gremiales por cuenta propia, al describir la situación de los comercios en La Paz y El Alto. El dirigente señaló que muchas familias ya no logran cubrir gastos básicos debido a la paralización económica y al incremento del costo de los alimentos.
La crisis golpea especialmente a quienes tienen créditos vigentes. Gremiales, artesanos y transportistas advierten que ya no cuentan con ingresos suficientes para cumplir con las cuotas bancarias y temen entrar en mora en las próximas semanas. Por ello, uno de los pedidos más insistentes es un diferimiento o reprogramación de créditos.
“Todo este tiempo, ya es un mes, lamentablemente hemos sido perjudicados”, expresó por su parte Leonardo Chambi, presidente de la Cámara de Artesanos, informó que el sector ya presentó una carta a la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) solicitando medidas de alivio.
Explicó que el incremento de precios y la falta de abastecimiento afectan tanto a productores como a consumidores y que muchos pequeños negocios ya no generan ingresos suficientes para cubrir sus obligaciones.
En el transporte, la situación se agrava por la escasez de combustible. El dirigente de la Federación del Transporte Libre de La Paz, Limbert Tancara, aseguró que muchos choferes pasaron días enteros haciendo filas en surtidores sin lograr abastecerse y recordó que el sector arrastra pérdidas desde la distribución de gasolina de mala calidad denunciada meses atrás.
“El ministro de Economía dijo que el transporte iba a tener un diferimiento de créditos y un crédito solidario, pero si ahora alguien va al banco nadie sabe nada”, cuestionó Tancara, quien además pidió que el Gobierno apruebe un decreto supremo para otorgar seis meses de gracia en créditos a sectores afectados.
El debate por las medidas
Aunque existe coincidencia en la necesidad de alivios económicos, también comenzó a surgir un debate sobre cómo aplicar esas medidas sin profundizar la crisis fiscal y financiera del país.
El economista Germán Molina considera que Bolivia atraviesa una etapa de ajuste económico forzado, donde hogares, empresas y el propio Estado ya comenzaron a reducir gastos para sobrevivir. A su juicio, el problema central es que no existe actualmente un sector con suficiente fortaleza para sostener al resto de la economía.
Molina advierte que un diferimiento generalizado puede generar desequilibrios en el sistema financiero y plantea que las soluciones deberían ser más focalizadas, mediante reprogramaciones o refinanciamientos individuales de acuerdo a la capacidad de pago de cada prestatario.
Aun así, reconoce que la situación requiere medidas urgentes. Considera prioritario normalizar el abastecimiento de combustible y garantizar el funcionamiento de la cadena logística, ya que la falta de diésel y gasolina paraliza desde el transporte hasta la producción industrial y agropecuaria.
El economista Rubén Arias coincide en que la crisis exige alivios inmediatos para los sectores productivos, especialmente para las micro y pequeñas empresas, que representan cerca del 90% del tejido empresarial del país. Señala que la paralización ya afecta la liquidez de negocios que continúan pagando salarios, alquileres e impuestos pese a no poder producir o vender con normalidad.
Arias también alerta sobre el riesgo de incremento de la mora bancaria y pérdida de empleos si no se toman decisiones rápidas. Según explicó, muchos sectores productivos trabajan con créditos y cadenas de pago que se rompen cuando la actividad económica se detiene durante semanas y por causas que no son atribuibles a la responsabilidad empresarial.
