La semana comienza con múltiples frentes abiertos y un mismo denominador: presión social en ascenso y un Gobierno obligado a administrar conflictos simultáneos. La convocatoria a paro general indefinido de la Central Obrera Boliviana (COB) se instala como el eje principal de tensión, pero no es el único.
La dirigencia de la COB oficializó la medida con un pliego de 190 demandas, entre ellas un nuevo incremento salarial. “El paro es indefinido hasta que el Gobierno atienda nuestro pliego”, señalaron sus representantes, marcando una postura de presión directa. El desafío es evidente: medir su capacidad de convocatoria frente a un Ejecutivo que ha optado por rechazar la medida.
Desde el Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira la respuesta fue inmediata. “El paro no es el camino, el camino es el diálogo”, insistieron desde el Ejecutivo, que advierte que una paralización indefinida puede afectar la estabilidad económica y la producción.
En ese escenario, la Iglesia Católica también intervino. El arzobispo de Santa Cruz, monseñor René Leigue, fue claro: “Necesitamos diálogo, no paro ni bloqueo”, en un llamado a desescalar la confrontación.
El Gobierno intenta contener la presión con acuerdos sectoriales. Sin embargo, la complejidad crece. Sectores productivos, empresariales y parte del transporte urbano han comenzado a desmarcarse de la COB. “Un paro indefinido en este momento solo va a profundizar la crisis y afectar a quienes viven del día a día”, advirtieron representantes del sector productivo. Otros actores cuestionan la amplitud del pliego: “Hay demandas que parecen más un programa de gobierno que un pliego laboral”, señalaron, marcando distancia con la convocatoria.
El rechazo también apunta a la oportunidad política de la medida. Para gremiales, exportadores y pequeños comerciantes, una huelga indefinida no golpea primero al Gobierno, sino al ciudadano que necesita trabajar, transportar mercadería o abrir su negocio. La crítica de fondo es que la COB intenta mostrar músculo sindical en un momento en el que la economía exige acuerdos, no bloqueos.
Bloqueos en Yungas
Uno de los focos más sensibles está en los Yungas de La Paz. Transportistas instalaron bloqueos en rutas clave, exigiendo mejor provisión de combustibles y la reparación de carreteras. “No hay combustible y los caminos están intransitables”, reclamaron los dirigentes del sector.
El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, se trasladó a la zona para encabezar las negociaciones. “Estamos aquí para dar soluciones y pedimos paciencia”, afirmó la autoridad, que logró un cuarto intermedio mientras avanzan los acuerdos. El Gobierno reconoce el deterioro histórico de la infraestructura, pero enfrenta la urgencia de respuestas inmediatas.
Marcha indígena
En paralelo, la marcha campesina e indígena avanza hacia la sede de Gobierno tras más de 24 días de caminata. A diferencia de movilizaciones anteriores, su impacto político ha sido menor, pero su presencia suma presión en la capital.
“El cuadro general es complejo. La COB busca recuperar protagonismo sindical, mientras el Gobierno intenta evitar que los conflictos confluyan y escalen.
En lo económico, el riesgo es evidente. Paros y bloqueos pueden interrumpir cadenas de suministro y afectar la actividad productiva en un momento de alta fragilidad.
La semana no solo medirá la fuerza de los sectores sociales. También pondrá a prueba la capacidad del Gobierno para sostener el equilibrio entre firmeza y negociación. En ese margen se juega la gobernabilidad.
