
El exministro de Gobierno, Arturo Murillo Prijic, fue aprehendido ayer en territorio boliviano tras ser deportado desde Estados Unidos. El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó que enfrenta 15 procesos penales en Bolivia, incluyendo dos sentencias: una de ocho años por la compra de gases lacrimógenos con sobreprecio y otra de cinco años y cuatro meses por el caso caratulado “Gases de Ecuador”.
Murillo arribó ayer en la madrugada al aeropuerto internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, donde fue detenido inmediatamente y posteriormente trasladado a La Paz, para quedar bajo la custodia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). La Fiscalía programó una audiencia presencial para este viernes a las 13:45, en la cual un juez definirá si recibe seis meses de detención preventiva por el primer caso con sentencia.
Mariaca detalló el estado de los procesos: diez ya están en juicio, con acusación formal; dos en etapa preparatoria, con imputación formal para resolución de juez cautelar; y tres en fase preliminar, donde fiscales evaluarán si se los admite o rechaza. En cuanto a las sentencias, Mariaca aseveró que Murillo debe ser privado de libertad en una cárcel pública.
Asimismo, Murillo posee mandamientos de rebeldía y de aprehensión vigentes por diversos ilícitos, como uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes y emisión de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes. Una de estas causas se ventila en Santa Cruz, donde dos personas figuran como víctimas.
Aunque se especuló que podría ser enviado al penal de Chonchocoro de Viacha o al de San Pedro de La Paz, el Gobierno aclaró que será una autoridad jurisdiccional correspondiente quien defina el destino final del acusado.
El exministro de Jeanine Añez regresó tras haber cumplido una condena en Estados Unidos por conspiración para lavar dinero y sobornos. En junio pasado, fue liberado anticipadamente por buena conducta y, luego de quedar a disposición de autoridades migratorias de EEUU, fue finalmente deportado a Bolivia.
El Ministerio Público, junto con las fiscalías departamentales y la Policía Boliviana, reiteró su compromiso de seguir estos procesos con objetividad y pleno respeto a la independencia judicial. “Vamos a respetar siempre las determinaciones de las autoridades jurisdiccionales, sean en La Paz, Santa Cruz o cualquier otra región del país”, señaló Mariaca.
































