El anuncio realizado por el presidente Rodrigo Paz sobre la reducción del 50% de su salario y el de todos sus ministros abrió un debate político, jurídico y económico en el país. Aunque la medida fue presentada como una señal de austeridad frente a la crisis económica y social que atraviesa Bolivia, especialistas advierten que la decisión podría generar un efecto en cadena dentro de toda la estructura estatal debido a la normativa vigente que impide que cualquier funcionario público gane más que el jefe de Estado.
La medida fue anunciada durante el discurso oficial por el 217 aniversario del Primer Grito Libertario de América, en Sucre, en un medio de la coyuntura marcada por cuatro semanas de bloqueos, protestas sociales, desabastecimiento y creciente presión política sobre el Gobierno.
Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no existía ningún decreto publicado en la Gaceta Oficial de Bolivia que formalice la disposición presidencial, situación que deja abiertas las dudas sobre la viabilidad técnica y legal de la medida.
Un recorte que abre interrogantes
El presidente Paz precisó que la rebaja salarial alcanzará únicamente a su persona y a los ministros de Estado, excluyendo al resto de los funcionarios públicos y profesionales del aparato estatal.
Según explicó, la intención es evitar afectar a trabajadores del sector público y preservar la capacidad del Estado de atraer personal especializado y capacitado.
No obstante, el anuncio inició un debate jurídico debido a la vigencia de normas como la Ley 614, que establece que ningún servidor público puede percibir un salario superior al del presidente del Estado.
Bajo esa lógica, si el sueldo presidencial se reduce a la mitad, automáticamente se pondría en cuestión la escala salarial de viceministros, directores nacionales, legisladores, magistrados y otras autoridades jerárquicas cuyos ingresos actualmente se encuentran por encima o cerca del salario presidencial.
La situación también generó presión política hacia la Vicepresidencia y la Asamblea Legislativa Plurinacional para que asuman una medida similar.
La presión social
El anuncio presidencial se da cuando el país atraviesa una prolongada ola de movilizaciones impulsadas por sectores sindicales, indígenas y organizaciones afines al evismo, que exigen la renuncia del mandatario ante la crisis económica.
En ese contexto, dirigentes sociales de La Paz y El Alto consideraron que la reducción salarial llega “demasiado tarde” y sostuvieron que las bases movilizadas ya no demandan medidas de austeridad, sino incluso la salida del presidente.
Como complemento a la medida, Paz anunció además el envío al Legislativo de un proyecto de “Perdonazo Tributario” destinado a aliviar las deudas impositivas acumuladas desde 2017 por gremiales, artesanos y transportistas.
Asimismo, reiteró que su administración no prevé aplicar privatizaciones ni incrementos tarifarios en servicios básicos.
“No se explicó cómo se aplicará”
El especialista en derecho autonómico Esteban Ortuño cuestionó el anuncio presidencial y consideró que la medida tiene un fuerte componente “político y simbólico”, pero escasa claridad técnica.
“A ver, la verdad que no veo el fondo. Quizás un poco de improvisación es lo que reina en este tipo de medidas, que son más de carácter populista o popular que un tema administrativo real”, sostuvo.
Ortuño señaló que todavía no existe una explicación sobre cómo se implementará la rebaja salarial ni cuáles serán sus alcances normativos.
Advirtió que, bajo el actual marco legal, el recorte podría provocar un “efecto cascada” principalmente dentro del nivel central del Estado.
“Un director nacional gana como básico 19.500 bolivianos, entonces va a tener que bajar a menos de 11.000, porque nadie puede ganar más que el presidente”, explicó.
El jurista remarcó que en gobiernos subnacionales la situación es diferente, debido a que muchas gobernaciones y municipios ya aplicaron ajustes y restricciones por la crisis económica.
Aun así, consideró que si el Gobierno pretende aplicar una política de austeridad, esta debería ser más amplia, estructurada y sostenible en el tiempo.
“Tendría que ser una reducción más meditada, pensada no solo en salarios, sino también en consultorías, gastos de funcionamiento, inversiones y estructura estatal”, afirmó.
Ortuño también cuestionó la falta de precisión jurídica en el anuncio presidencial.
“El presidente no ha explicado cómo se va a operativizar esto”, insistió.
Vacíos técnicos y preocupación
En la misma línea, el economista tarijeño Víctor Hugo Figueroa señaló que la medida fue anunciada de manera apresurada y que aún existen demasiados vacíos técnicos y legales.
“Mientras no exista un marco normativo, todo lo demás es mera especulación”, manifestó.
Figueroa reconoció que el Estado enfrenta una severa crisis financiera y que es necesario revisar el gasto público, aunque consideró que el Gobierno no puede lanzar anuncios de este tipo sin antes definir mecanismos de aplicación.
Asimismo, puso la mirada sobre el Órgano Legislativo y cuestionó qué sucederá con los salarios de diputados y senadores.
“El propio Parlamento, cuánto gana un senador, un diputado, se van a reajustar, van a bajar su sueldo a la mitad, a la tercera parte, menos que el presidente, más que el presidente; es bien complejo”, sostuvo.
El economista también alertó sobre el impacto que una reducción generalizada podría tener en el sector profesional del Estado.
Explicó que muchos servidores públicos cuentan con especializaciones, maestrías y doctorados, y que una rebaja indiscriminada de salarios podría generar desmotivación y fuga de personal calificado.
“Si aquello no va a ser retribuido en su salario, también les va a desmotivar”, advirtió.
