El Gobierno puso el foco este miércoles en un dato que enciende alarmas: Bolivia enfrenta actualmente varios arbitrajes internacionales en curso que, en conjunto, podrían alcanzar los 800 millones de dólares. La cifra, revelada en conferencia de prensa, expone la magnitud del riesgo fiscal que arrastra el país en medio de disputas legales heredadas.
El anuncio se dio en el contexto de la confirmación del fallo en contra del Estado boliviano por el caso de BBVA Previsión. Tras la decisión del Tribunal Supremo de los Países Bajos, quedó firme la obligación de pagar aproximadamente 105 millones de dólares, cerrando así un proceso iniciado en 2017 bajo el amparo del tratado bilateral de inversiones entre Bolivia y España.
“Estamos ante una obligación jurídica consolidada”, señaló el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, José Horacio Valencia, al explicar que el país agotó los mecanismos legales disponibles, incluido el recurso de anulación, que finalmente fue rechazado en abril de 2026.
Sin embargo, el Gobierno dejó claro que el caso BBVA no es un hecho aislado, sino parte de un problema mayor. “Se estima que los arbitrajes en curso están alrededor de 800 millones de dólares”, advirtió, al remarcar que varios procesos siguen activos en distintas instancias internacionales.
Un historial de arbitrajes que ya rozó los $us 1.000 millones
El dato de los 800 millones en disputa no es un hecho aislado, sino la continuación de una tendencia que ya le costó caro al país. De acuerdo con informes sobre arbitrajes internacionales, Bolivia ha enfrentado más de una decena de procesos desde las nacionalizaciones iniciadas en 2006, con un costo acumulado cercano a los 985 millones de dólares entre pagos, laudos y acuerdos.
Entre los casos más relevantes están:
• Quiborax, donde Bolivia fue condenada a pagar más de 48 millones de dólares por la reversión de concesiones mineras en el Salar de Uyuni .
• Abertis (Sabsa), que terminó con una indemnización cercana a 23 millones de dólares tras la nacionalización de los aeropuertos .
• Euro Telecom International (Entel), con un pago de alrededor de 100 millones de dólares por la nacionalización de la telefónica.
• Pan American Energy (Chaco), uno de los casos más grandes, donde la empresa llegó a reclamar más de 1.400 millones de dólares, aunque el proceso derivó en acuerdos posteriores .
A estos se suman otros conflictos con empresas como Iberdrola, Jindal Steel, Glencore o South American Silver, la mayoría vinculados a nacionalizaciones o controversias contractuales .
El patrón se repite: disputas por inversiones extranjeras, largos procesos en tribunales internacionales y fallos que, en muchos casos, terminaron obligando al Estado a pagar compensaciones millonarias.
Presión creciente sobre la economía
El dato no es menor. En un contexto de restricciones fiscales, escasez de divisas y tensiones en el abastecimiento de combustibles, la posibilidad de enfrentar pagos millonarios adicionales incrementa la presión sobre la economía nacional.
Las autoridades atribuyeron esta situación a decisiones adoptadas en gestiones pasadas, particularmente en procesos de nacionalización que —según su versión— no respetaron estándares internacionales ni garantizaron seguridad jurídica.
“Esto es una herencia de malas decisiones políticas”, dijo, al insistir en que los arbitrajes tienen su origen en acciones mal conducidas y en una defensa jurídica deficiente del Estado.
Auditorías y posibles responsabilidades
Frente a este escenario, el subprocurador de defensa legal del Estado, Roger Marcelo Logaric, anunció el inicio de auditorías a todos los arbitrajes internacionales en los que Bolivia ha sido parte.
El objetivo es triple: revisar cómo se gestionaron estos procesos, identificar fallas estructurales en la defensa jurídica y determinar posibles responsabilidades.
“Si se identifican responsables, el Estado iniciará las acciones correspondientes para recuperar el daño económico causado”, sostuvo.
Estrategia en reserva y cumplimiento del fallo
Sobre el pago a BBVA, el Gobierno evitó detallar los mecanismos que utilizará, argumentando razones de confidencialidad. No obstante, aseguró que se trabaja en alternativas para reducir el impacto económico.
“El Estado va a cumplir la obligación, pero también está evaluando las mejores opciones para que esto afecte lo menos posible a la economía”, indicaron.
Desde la Gestora Pública se buscó despejar dudas y contener la preocupación ciudadana. Su gerente, Marcelo Fernández, garantizó que los fondos de pensiones no serán afectados por este proceso.
“Son recursos autónomos, privados y con destino específico. Están protegidos por norma”, aseguró.
