La crisis en Boliviana de Aviación (BoA) suma un nuevo capítulo. Una auditoría del Gobierno detectó un esquema de irregularidades que incluyó una pérdida de Bs 14,4 millones debido a la baja ocupación de los vuelos hacia La Habana, Cuba, ruta que se denuncia fue adoptada por razones ideológicas y en cambio sin criterios de rentabilidad.
La investigación apunta a seis exautoridades de alto nivel, contra quienes ya se presentó una denuncia penal por presuntos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. El caso no solo expone fallas de gestión, sino que también deja a BoA en una posición vulnerable en un momento de apertura del mercado aéreo.
Según el viceministro de Transparencia, Yamil García, los aviones con capacidad de hasta 168 pasajeros volaban a la capital cubana con un máximo de 22 personas a bordo, entre octubre de 2023 y hasta septiembre de 2025, cuando se ordenó que esos vuelos fueran suspendidos.
Según los hallazgos, BoA habría recurrido además a la compra de divisas en el mercado paralelo, llegando a pagar hasta Bs 17,5 por dólar frente al tipo de cambio oficial de Bs 6,96. Esto implicó un sobrecosto superior al 150%, agravado por comisiones de intermediarios financieros de hasta el 10%. Esas transacciones generaron otra pérdida estimada en Bs 4 millones.
La auditoría también dejó en evidencia que BoA realizó el traslado de dinero en físico en sus aeronaves hacia la capital cubana por un monto de Bs 11,8 millones (1,6 millones de dólares al cambio oficial).
Estas prácticas encendieron alertas en bancos internacionales como el National City Bank, que terminaron restringiendo operaciones de cuentas vinculadas a la aerolínea.
Ruta sin sustento económico
Parte del daño económico se explica por la operación de la ruta Santa Cruz–La Habana, inaugurada en 2023 en la gestión Luis Arce.
De acuerdo con la auditoría, la conexión se implementó sin estudios de viabilidad técnica, financiera ni operativa, requisitos básicos en la planificación aérea. La baja ocupación de los vuelos y los altos costos asociados terminaron generando pérdidas sostenidas.
En este contexto, la administración de BoA cambió de mando en abril de 2026, con la designación de Eduardo Valdivia en reemplazo de Juan José Galvarro.
El nuevo gerente ha fijado dos prioridades: seguridad operativa y rentabilidad. Su objetivo inmediato es alcanzar el punto de equilibrio financiero en un entorno adverso, marcado por costos elevados —especialmente el combustible— y una posible política de “cielos abiertos”.
Valdivia sostiene que es posible mejorar la situación sin subir tarifas, apostando por eficiencia interna, optimización de rutas y mejor calidad de servicio
El caso de presunta corrupción marca un punto de inflexión para BoA. La combinación de mala gestión pasada y un entorno competitivo más exigente obliga a la estatal a una reestructuración profunda.
