El año en que Bolivia vivió su peor crisis de divisas en décadas, con escasez de combustible, inflación desbordada y colas interminables ante los cajeros automáticos vacíos, los bancos del sistema financiero nacional lograron su mejor desempeño histórico. Según el boletín oficial de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), las utilidades conjuntas de las entidades bancarias alcanzaron USD 540 millones en la gestión 2025: un incremento del 42,3% respecto al año anterior.
El propio informe de la ASFI identifica entre las razones del excepcional desempeño los “ingresos operativos no recurrentes”, en particular las “transferencias al exterior y comercio exterior”. La explicación más concreta está en el arbitraje cambiario: el diferencial entre el tipo de cambio oficial del Banco Central y el mercado paralelo —que llegó a duplicar al oficial— multiplicó las ganancias bancarias. Los accionistas que cobraron dividendos en bolivianos los convirtieron de inmediato a dólares al tipo oficial y externalizaron su riesgo cambiario. Mientras tanto, los trabajadores bolivianos cargaban con ese mismo riesgo a través de sus fondos de pensiones.
El circuito de cinco días: de Cochabamba a Panamá
El caso paradigmático es el banco BISA S.A., segundo mayor del sistema con activos por USD 4.500 millones y el “ganador” indiscutido de las utilidades de 2025: USD 111 millones. El 30 de enero de 2026, la junta de accionistas aprobó distribuir Bs 392,1 millones en dividendos —el 50,3% de las ganancias—. El principal beneficiario de esos dividendos tiene domicilio en Panamá, y el mecanismo no demora más de cinco días en convertir esos recursos a dólares y sacarlos de la economía boliviana.
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La cadena accionaria lo explica con precisión: Junet Internacional S.A., sociedad registrada en Panamá bajo la ficha 27012, Rollo 1354, controla el 99,99% de ICE Ingenieros S.A., que a su vez posee el 97,014% del Grupo Financiero BISA S.A., dueño del 60,63% del Banco BISA. El beneficiario final y director de Junet Internacional es Gian Enrique Castillero Guiraud, ciudadano panameño con domicilio de contacto en la firma jurídica ARIFA de Ciudad de Panamá. Cuando el BISA distribuyó Bs 392,1 millones en enero de 2026, cerca de Bs 332,4 millones fluyeron, a través de esta cadena, hacia estructuras controladas desde Panamá. El presidente centenario del Directorio del banco, el ingeniero Julio León Prado —nacido hace 100 años en Quillacollo, Cochabamba— encabeza institucionalmente una arquitectura corporativa cuyo centro de gravedad está en Centroamérica.
El dinero de los trabajadores que financia los dividendos offshore
El mecanismo que hace posible esta arquitectura financiera es la Resolución SBN 039/2008, del 14 de marzo de 2008, firmada cuando Luis Arce Catacora era ministro de Economía y Marcelo Zabalaga Estrada, superintendente del sistema bancario. Esa norma autorizó a los bancos a contabilizar la deuda contraída mediante bonos “subordinados” como si fuera capital propio. La innovación permitió a las entidades bancarias apalancarse sin necesidad de aportar más capital de sus accionistas: simplemente tomaban prestado del Fondo de Pensiones.
Panamá primero USD 88 millones en dividendos salieron de Bolivia hacia paraísos fiscales durante 2025. Panamá es el destino principal.
La lógica financiera del mecanismo es asimétrica en su crueldad: el Fondo de Pensiones —valorado a junio de 2025 en el equivalente de USD 28.647 millones, el 60% del PIB nominal de Bolivia, perteneciente a 2,7 millones de trabajadores— mantiene más del 52% de su cartera en instrumentos bancarios. De ese total, unos USD 3.700 millones están invertidos en bonos subordinados denominados en bolivianos. Desde marzo de 2023, cuando comenzó la escasez estructural de divisas, esos bonos han perdido más del 31% de su valor real. Un trabajador que invirtió el equivalente a USD 1.000 en bonos en 2022 posee hoy capital que vale cerca de USD 686 al cambio paralelo. Si se suma la devaluación que analistas anticipan —de entre el 30% y el 40% adicional—, la destrucción total de valor podría alcanzar el 48,5%.
“Quince bancos han construido el mayor mecanismo de transferencia de riqueza desde el ahorro laboral hacia élites transnacionales en la historia reciente del país”, advierte Edith Gálvez, especialista en temas financieros consultada por este medio. Según el cálculo que ofrece, por cada boliviano destinado a amortizar bonos que respaldan fondos de pensiones, los bancos distribuyeron entre tres y diez bolivianos a accionistas privados, la mayoría con domicilio en paraísos fiscales o fondos extranjeros.
La constelación offshore: un sistema, múltiples jurisdicciones
El patrón se repite en los bancos principales del sistema. El Banco Mercantil Santa Cruz —el más grande, con activos superiores a USD 5.000 millones— concentra el 95,19% de su capital en cuatro sociedades, varias de las cuales utilizan estructuras offshore panameñas como Valazo S.A. y Trumbull Corporation para estructurar participaciones, según documenta el exhaustivo análisis de estructuras accionarias Dueños de Bolivia, de Nathanael Hastie. El Banco de Crédito (BCP), por su parte, es controlado en un 100% por capital extranjero: su matriz última es Credicorp Ltd., domiciliada en Bermudas —jurisdicción que ofrece cero impuestos sobre ingresos corporativos, dividendos y ganancias de capital—, con accionistas que incluyen fondos en Islas Caimán y gestoras globales como BlackRock.
En el caso de BancoSol, que se presenta internacionalmente como modelo de microfinanzas con impacto social, sus accionistas mayoritarios son fondos europeos y estadounidenses —holandeses, daneses, luxemburgueses, belgas y suizos— que controlan más del 80% del capital. En la gestión 2024, BancoSol distribuyó Bs 100,85 millones en dividendos, de los cuales Bs 87 millones —el 86% del total— salieron de Bolivia hacia Países Bajos, Dinamarca, Estados Unidos, Suiza y Luxemburgo. El banco otorga créditos a microempresarios bolivianos, a tasas de entre el 18% y el 35% anual. La diferencia entre esas tasas activas y los costos de fondeo —depósitos locales al 2-4% y créditos de fondeadores internacionales al 6-8%— genera los márgenes que luego viajan al exterior. Entre los accionistas históricos individuales de BancoSol figuran el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el propio Julio León Prado, presidente del Directorio de BISA.
Fassil, el agujero negro y el silencio oficial
Banco Fassil fue intervenido por el Estado en 2023 tras revelarse una red de créditos vinculados fraudulentos —entre ellos, un préstamo de Bs 28 millones para un joven de 18 años sin capacidad de pago demostrable—. El banco sigue siendo, paradójicamente, uno de los destinos más significativos del ahorro laboral boliviano. Los datos de la Gestora Pública al 30 de junio de 2025 revelan que el Fondo de Pensiones tiene invertidos USD 1.252.456.154 en el Banco Fassil —el 4,37% del portafolio total—, cifra que equivale al 100% del Fondo de Pensiones de todo el año 2009. Esa inversión refleja instrumentos aún vigentes en proceso de recuperación cuya prelación de pago, en caso de liquidación definitiva, es la última.
Hasta el cierre de esta investigación, el 17 de febrero de 2026, ni la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo ni la Autoridad de Pensiones y Seguros (APS) respondieron a los requerimientos de información de este medio. No se proporcionaron datos actualizados sobre estadísticas de inversiones del Fondo de Capitalización Individual, los Fondos del Sistema Integral de Pensiones, ni la diversificación de los fondos por instrumento, moneda y riesgo. Existe así un vacío de información pública que cubre el período comprendido entre el 30 de junio de 2025 —última fecha de cierre disponible— y enero de 2026: exactamente el lapso en que los bancos distribuyeron cientos de millones de bolivianos en dividendos y emitieron nuevos bonos subordinados, sin que los trabajadores o sus representantes institucionales puedan verificar el estado actualizado de sus inversiones.
Bajo la ley boliviana vigente, no se puede decir que los bancos están robando. La incógnita apunta a la legitimidad de un marco legal que autoriza esta aritmética, y a la capacidad de una sociedad para sostenerse cuando quienes controlan el capital lo internacionalizan sistemáticamente mientras quienes generan valor ven sus ahorros evaporarse en devaluaciones estructurales. “El banco BISA, como los otros bancos emisores de bonos subordinados, podría haber pagado esa obligación con las utilidades obtenidas en 2025. La Autoridad de Pensiones no pinta, cuando debiera condicionar la distribución de dividendos al pago de estas obligaciones. Se trata de derechos laborales que tienen prioridad según la CPE y la ley”, concluye Gálvez. Panamá, según el análisis consolidado de Hechos Relevantes 2024-2025, recibe el 65% de todos los dividendos que salen de Bolivia hacia jurisdicciones offshore. El récord de 2025 garantizó que esa proporción alcanzara nuevas alturas históricas.
El Banco Unión y el contraste que nadie discute
En el sistema bancario boliviano existe un actor que rompe el patrón descrito en esta investigación: el Banco Unión. El Tesoro General de la Nación (TGN) posee el 98,54% de su capital, y el banco no distribuye dividendos al exterior. Las utilidades se reinvierten en capitalización o se transfieren al Tesoro Nacional.
En la gestión 2024, el Banco Unión generó utilidades por Bs 344.995.462, destinando el 10% a Reserva Legal, el 6% a función social y capitalizando el resto. Ningún boliviano de esas ganancias viajó a Panamá, Bermudas ni Luxemburgo. Pero el mismo Banco Unión operó en 2025 como prestamista de última instancia del Banco PyME Ecofuturo, una entidad privada de microfinanzas con necesidades crónicas de liquidez.
Entre mayo y diciembre de 2025, el banco estatal desembolsó al menos Bs 84 millones a Ecofuturo dentro de una Línea de Crédito Rotativa. Al mismo tiempo, el Banco PyME Ecofuturo recibió préstamos adicionales del Banco de Desarrollo Productivo (BDP) por Bs 45 millones. El banco público financia a un banco privado que, como el resto, se fondeará eventualmente con el ahorro laboral. La distinción entre lo estatal y lo privado, tan nítida en la estructura accionaria, se desdibuja en la práctica operativa.
A diferencia del resto, el Banco Prodem, del cual 99,01% de sus acciones pertenecen al Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (BANDES), no reportó distribuciones significativas de dividendos, sugiriendo que las utilidades se reinvierten localmente, aunque su control extranjero —de naturaleza estatal venezolana— plantea preguntas propias sobre transparencia y gobernanza que esta investigación deja abiertas para una próxima entrega.
