El Decreto Supremo 5515, que habilita al presidente Rodrigo Paz a ejercer sus funciones mediante medios tecnológicos cuando se encuentre fuera del país, generó una polémica política y jurídica. Legisladores y una autoridad municipal cuestionaron la norma y advirtieron que vulnera la Constitución Política del Estado (CPE), en particular las disposiciones sobre la sucesión presidencial en casos de ausencia temporal.
La diputada de Unidad, Cecilia Requena, afirmó que el decreto contradice de manera directa el artículo 169 de la CPE, que establece que ante una ausencia temporal del presidente debe asumir la Vicepresidencia del Estado.
“El D.S. 5515 incumple artículos de la Constitución, como el artículo 169, inciso II, que señala que en caso de ausencia temporal asumirá la Presidencia quien ejerza la Vicepresidencia”, sostuvo la legisladora.
Requena también alertó sobre un problema estructural de gobernabilidad, marcado por la ruptura política entre el presidente y el vicepresidente. “No existe el necesario acuerdo ni la coherencia programática e indispensable coordinación entre las dos autoridades más altas del Estado, situación que resulta fundamental para un ordenado traspaso temporal de funciones”, señaló.
El senador Leonardo Roca calificó la norma como una “grave advertencia institucional” y sostuvo que el decreto introduce mecanismos no previstos por la Constitución. “La Constitución es clara: cuando el Presidente se ausenta del territorio nacional, el Vicepresidente asume plenamente la Presidencia del Estado, sin intermediaciones ni condicionamientos políticos”, afirmó.
El legislador advirtió que subordinar la sucesión constitucional a comunicaciones, instrucciones previas o coordinación con ministros vulnera el principio de independencia funcional. “Las diferencias políticas no pueden resolverse mediante decretos que alteren el diseño constitucional del Estado”, remarcó, y pidió de forma expresa la derogación del DS 5515.
Por su parte, el director de Gobernabilidad de la Alcaldía de La Paz, Gonzalo Barrientos, también cuestionó la medida y la vinculó a las tensiones internas en el Ejecutivo. “Esta es una decisión política inédita que expone un conflicto entre el presidente y el vicepresidente que no debió trasladarse al plano normativo”, señaló.Barrientos lamentó que las diferencias entre ambas autoridades se expresen mediante decretos supremos. “Los desacuerdos deben resolverse dentro del Gobierno, sin afectar la institucionalidad ni generar incertidumbre en el país”, afirmó a DTV.
El Decreto Supremo 5515 fue aprobado el 29 de diciembre de 2025 y publicado oficialmente el 31 del mismo mes. La norma establece que el Presidente podrá ejercer sus atribuciones constitucionales “a través de medios tecnológicos de comunicación” durante ausencias temporales del territorio nacional, en un contexto marcado por la abierta confrontación política entre el Ejecutivo y el vicepresidente Edmand Lara, quien se ha declarado jefe de la oposición.
